En el paraje de los Cigarrones de Órgiva hay vida más allá de la Fiesta del Dragón. Durante todo el año, habitan allí una serie de familias extranjeras que son, según afirman, legítimas propietarias de los terrenos que ocupan. Entre adultos y niños suman alrededor de 70 almas. Viven felices en sus pequeñas porciones de naturaleza, donde han plantado sus caravanas y chambaos, y disfrutan de las delicias que les ofrece este rincón de la Alpujarra.

Cuando se aproxima la entrada de la primavera, estas familias viven en primera persona -no les queda más remedio- la multitudinaria Fiesta del Dragón, con la que se da la bienvenida a la primavera y que ha provocado que Órgiva sea conocida a nivel internacional. Son testigos privilegiados de una celebración, que aunque les agrada, ha perturbado su paz y tranquilidad. Y no precisamente por el ruido, la música y el alboroto que generan las miles de personas que acuden cada año, sino por las consecuencias que les ha traído la última edición.

Por la fiesta del año pasado, el Ayuntamiento de Órgiva ha sancionado a seis de los propietarios de las fincas que conforman el paraje de los Cigarrones con 30.050 euros. Todos ellos son británicos. El motivo, según explican, ha sido no impedir que acamparan en sus tierras otras personas a pesar de que la cita había sido prohibida por el Consistorio. En otras palabras (las recogidas en al menos una de las propuestas de resolución de las multas), las sanciones se les han impuesto por la celebración de un espectáculo quebrantando la suspensión o prohibición previamente decretada por la autoridad competente. En concreto se les atribuye la comisión de una infracción administrativa en materia de espectáculos públicos y actividades recreativas.

Al menos tres de los afectados, V.M., N.M. y S.A., han recurrido la sanción, sin que aún se haya fijado fecha de juicio. Se trata de tres ingleses de mediana edad, amantes de la montaña, de la vida al aire libre, que se declaran dueños de parcelas situadas en el enclave donde se desarrolla la Fiesta del Dragón, pero no promotores de la misma. "La Fiesta del Dragón no tiene organizadores", aseguran.

Los tres están representados en el proceso judicial en el que se han visto inmersos por la letrada Celia Rodríguez Lima, quien confirmó a este diario que las sanciones están recurridas. Ninguno de ellos tiene dinero para pagarlas. "Considero que son totalmente injustas", comenta uno de los afectados, S.A., que compró su parcela hace 4 años. "No sé por qué nos multan, ¿simplemente por ser propietarios?", se pregunta.

Tanto él como los otros dos dueños con los que ha hablado este diario están convencidos de que la gente que suele participar en la Fiesta del Dragón volverá dentro de unas semanas a los Cigarrones. Y lógicamente temen volver a recibir una nueva notificación de multa.

Los tres afectados denuncian asimismo lo que ellos consideran un presunto "trato desigual". Ya que los multados son todos extranjeros, cuando, según aclaran, hay otros propietarios españoles que no han sido considerados infractores.

N.M. vive allí desde hace 9 años y es propietario de su tierra desde hace siete. Su finca tiene 5.000 metros cuadrados y no está cercada porque está "totalmente en contra de las barreras en el campo". Garantiza que él no invita a nadie a estar en su terreno, a acampar en su propiedad, pero que tampoco puede hacer nada para evitarlo. "Si no lo impide la Policía cómo lo voy a impedir yo".

Tras conocer que habían sido denunciados, algunos de ellos fueron a hablar con la alcaldesa de Órgiva, que -según V.M.- les dijo que toda la gente del paraje debía cumplir la ley.

El bando que dictó el Ayuntamiento de Órgiva para prohibir "terminantemente" la fiesta en el cauce del río Guadalfeo fue emitido el 17 de marzo de 2009. El motivo: "por carecer de la autorización preceptiva y porque de su celebración se deriva un riesgo grave para los asistentes, espectadores, así como para los derechos de las personas reconocidos en el Título I de la Constitución Española".

Asimismo, en la decisión municipal se advertía a los "organizadores" de esta actividad no autorizada que podían ser considerados responsables de esta acción tipificada como infracción muy grave, pudiendo incurrir en una sanción de multa de 24.001 euros a 60.000.

Este diario contactó con la alcaldesa de Órgiva, María Ángeles Blanco López, pero finalmente no fue posible recabar su versión.